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El jueves pasado se celebró en el Honorable Concejo Deliberante la sesión especial que, como cada año, inaugura el período de Sesiones Ordinarias. Se trata de uno de los rituales institucionales más previsibles de la vida política local: concejales en sus bancas, autoridades presentes, funcionarios ocupando las primeras filas y, finalmente, el intendente tomando la palabra para brindar el tradicional discurso de apertura.

El acto tiene un sentido claro dentro del funcionamiento institucional. La apertura de sesiones es, en teoría, el momento en que el jefe del Ejecutivo rinde cuentas sobre lo hecho durante el año anterior, presenta el estado general del municipio y adelanta las principales líneas de gestión para el período que comienza. No es un detalle menor: se trata de uno de los pocos momentos formales en los que el intendente habla ante el cuerpo legislativo y ante la comunidad con la obligación implícita de explicar, justificar y proyectar su gobierno.

Pero también tiene otra característica, menos solemne y bastante más práctica desde el punto de vista político: es un discurso sin réplica inmediata. No hay debate, no hay preguntas, no hay contrapuntos. El intendente habla, los concejales escuchan y la sesión continúa su curso. Nadie levanta la mano para pedir una aclaración, nadie interrumpe para pedir una fuente, nadie repregunta sobre cifras o comparaciones.

Ese formato convierte a la apertura de sesiones en algo más que una rendición de cuentas. Es, en la práctica, el momento ideal para ordenar la realidad de manera conveniente, sin interrupciones ni repreguntas. Es, en la práctica, una oportunidad privilegiada para construir un relato político sobre la realidad del municipio: seleccionar datos, ordenar prioridades, destacar logros y, si es necesario, acomodar algunas cifras para que la historia resulte más convincente. No hace falta mentir abiertamente para hacerlo. A veces alcanza con elegir bien la comparación, omitir un contexto incómodo o presentar un dato aislado como si describiera la totalidad del problema. En política, como en estadística, la forma de contar los números puede ser casi tan importante como los números mismos.

El discurso del jueves pasado no fue la excepción. A lo largo de la alocución se escucharon afirmaciones contundentes sobre salarios municipales, situación económica, gestión administrativa y posicionamiento del municipio en distintos indicadores. Algunas de esas afirmaciones merecen, como mínimo, una segunda mirada. No porque esté prohibido que un intendente defienda su gestión —sería absurdo pretender lo contrario— sino porque cuando las afirmaciones se realizan en el ámbito institucional del Concejo Deliberante, frente a representantes de la comunidad y en el marco de una rendición de cuentas pública, también es razonable que los datos que se presentan puedan ser examinados con un poco más de detenimiento.

Por eso, antes de avanzar en debates más amplios sobre la gestión municipal, vale la pena detenerse en algunas de las frases más resonantes del discurso y analizar qué dicen realmente… y qué parte de la historia queda afuera cuando se las observa con un poco más de calma.


Capítulo I: La manipulación de la transparencia.

Al comenzar su alocución, el intendente eligió instalar —una vez más— uno de los pilares discursivos de su gestión: la tan declamada transparencia. Y lo hizo a partir de una escena que, según relató con visible molestia, lo habría afectado personalmente.

El motivo de su enojo: algunas críticas por haber realizado un viaje de gestión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en avión y no por ruta. Para justificar la decisión, el mandatario ensayó una comparación entre los costos de trasladarse en vehículo —neumáticos, combustible, desgaste mecánico— y el valor de un pasaje aéreo, concluyendo que la segunda opción resultaba, incluso, más conveniente.

Hasta ahí, una discusión posible.

Pero el momento más enfático de su explicación llegó cuando, con el ceño fruncido y tono de indignación cuidadosamente ensayado, lanzó una frase que buscaba cerrar cualquier debate: “No tengo chofer. El gasto de mi vehículo, de mi teléfono celular, los pago de mi bolsillo”.

La afirmación generó aplausos entre algunos presentes y asentimientos entre los más fieles. La escena parecía clara: un intendente austero, que incluso afronta gastos personales vinculados a su función.Sin embargo, es justamente en ese punto donde aparece un detalle interesante. Porque cuando un funcionario afirma que algo “sale de su bolsillo”, la pregunta inevitable es otra: ¿de dónde proviene el dinero que llega a ese bolsillo?.

Cualquier desprevenido —sobre todo entre quienes aplauden sin cuestionar ni una sílaba— podría suponer que esos gastos se cubren con dinero proveniente de su patrimonio personal. Pero la realidad administrativa del funcionamiento del Estado suele ser un poco más compleja. Es sabido que los funcionarios que realizan viajes por cuestiones de gestión perciben viáticos, una suma destinada justamente a cubrir gastos de traslado, alojamiento y comidas durante esas actividades. El cálculo de ese viático diario se realiza tomando como referencia el sueldo del funcionario.

Y en el caso del intendente, cuyo salario se ubica cómodamente en las seis cifras mensuales, ese viático diario difícilmente resulte simbólico.
Pero eso no es todo.

Desde hace algunos meses, además, un decreto municipal declaró de “Interés Municipal” los viajes realizados por los principales funcionarios del Ejecutivo —intendente, jefe de gabinete y secretarios—, otorgándoles no sólo un marco administrativo sino también un refuerzo económico para esas actividades.

A eso hay que sumar un dato que suele pasar más desapercibido: dentro de su salario mensual, el intendente percibe una bonificación equivalente al 20% de su sueldo básico, que hoy ronda aproximadamente 1,4 millones de pesos.
¿Cómo se denomina ese concepto?: Gastos de Representación.

Sí, ese mismo ítem que distintas gestiones —desde tiempos de Carlos Berterret en adelante— prometieron eliminar durante las campañas electorales y que, curiosamente, reaparece cada vez que llega el momento de ejercer el poder.
Todo esto no significa necesariamente que el intendente haya mentido. Puede perfectamente afirmar que determinados gastos salen de su bolsillo.
En política, las palabras suelen elegirse con cuidado: “De mi bolsillo” es una expresión efectiva. Lo que rara vez se explica con el mismo detalle es cómo llegó ese dinero hasta allí. Cuando se trata de funciones públicas, la frontera entre el bolsillo personal y los recursos del Estado suele ser bastante más difusa de lo que el discurso sugiere.



Capítulo II: Obras públicas y el arte de anunciar con fondos ajenos

Al momento de abordar el capítulo de la obra pública, los anuncios se sucedieron con entusiasmo. Algunos, vale decirlo, ya habían sido escuchados en discursos anteriores; pero en política la repetición también cumple una función: convertir promesas en una sensación de permanencia.

Entre esos anuncios apareció uno particularmente celebrado: el avance en la construcción de un espacio para la Escuela Secundaria N° 2. El intendente aprovechó la ocasión para elogiar el trabajo conjunto con las autoridades educativas y, especialmente, con el inspector jefe distrital, destacando la importancia del esfuerzo compartido.

El aplauso llegó rápido.

Lo que no quedó tan claro en ese momento —al menos para quienes escuchaban desde las bancas o desde el público— es que gran parte de las obras educativas que se ejecutan en los municipios bonaerenses se financian a través del llamado Fondo Educativo, un recurso que proviene de transferencias provinciales y que tiene destinos bastante específicos.

Entre otras obligaciones, ese fondo establece que al menos el 50% debe destinarse a infraestructura educativa. No se trata, por lo tanto, de una decisión discrecional del Ejecutivo municipal ni de un gesto de generosidad presupuestaria: es, en buena medida, una obligación administrativa.

Tampoco es un detalle menor recordar que ese fondo no puede utilizarse libremente para cualquier proyecto de gestión. Por ejemplo, no incluye obras que respondan a prioridades políticas distintas, como el anunciado polideportivo municipal, una iniciativa que el propio intendente ha presentado en más de una ocasión como uno de los grandes proyectos de su administración.

La pregunta que inevitablemente surge entonces es otra: ¿hasta qué punto se presentan como decisiones políticas propias inversiones que en realidad responden a fondos con destino previamente establecido?

La respuesta suele esconderse en un concepto administrativo que aparece con frecuencia en la gestión local: la llamada “libre disponibilidad”, una herramienta presupuestaria que permite mover recursos según las necesidades del momento y que, según los críticos, muchas veces termina funcionando como una forma conveniente de tapar agujeros financieros o acomodar prioridades.

Pero el capítulo de las obras no terminó ahí.

Otro de los anuncios que despertó atención fue la promesa de una inversión de mil millones de pesos en el área de salud. La cifra, pronunciada con tono enfático, buscaba transmitir la idea de un municipio comprometido con el fortalecimiento del sistema sanitario local. Dentro de ese paquete apareció una noticia largamente esperada: la futura compra de un mamógrafo, un equipamiento sin dudas necesario para el hospital municipal.

El problema no es la compra. Nadie discutiría la importancia de incorporar ese tipo de tecnología médica. El problema aparece cuando el relato sugiere que esa adquisición es el resultado directo de una administración particularmente eficiente de los recursos municipales. Porque en ese punto la historia omite un actor central: la propia comunidad.

Basta con revisar cualquier boleta de la Tasa por Servicios Urbanos para encontrar allí una serie de contribuciones que los vecinos pagan desde hace años. Entre ellas figuran, por ejemplo, el Fondo de Salud Solidario (que el Intendente y su Secretario de Salud manejan a su antojo), aportes destinados a instituciones como Bomberos o el Centro de Día y, de manera bastante explícita, una contribución denominada Infraestructura Hospitalaria y Sanitaria.

Es decir: una parte significativa de los recursos destinados a mejorar el equipamiento del sistema de salud proviene directamente del aporte de los propios contribuyentes. Un aporte que, acumulado a lo largo del tiempo, podría financiar no uno sino varios equipamientos médicos de alto costo.
En definitiva, muchas de las obras anunciadas no son fruto de un milagro administrativo ni de una genialidad presupuestaria. Son, simplemente, el resultado de fondos que ya tienen destino definido o del aporte constante de los vecinos. Presentarlas como logros exclusivos de la gestión empieza a parecer menos una rendición de cuentas y más una operación de marketing político.
Lo curioso es cómo, en el relato oficial, esos recursos siempre terminan apareciendo como si fueran un gesto generoso del propio gobierno.



Capítulo III: Los números que siempre parecen cerrar

Al momento de abordar el tema salarial municipal, el intendente optó por no repetir aquella frase que había pronunciado a fines del año pasado —la que aseguraba que los salarios municipales le habían ganado a la inflación por veinte puntos—. Esta vez la distorsión de la realidad eligió otro camino.

“Los salarios municipales de base están por encima del 150% del Salario Mínimo Vital y Móvil”, afirmó con evidente satisfacción.

La frase despertó aplausos inmediatos. Nadie, al parecer, se tomó el trabajo de hacer una cuenta sencilla. No hay problema: aquí se la obsequiamos.

A marzo de 2026, el Salario Mínimo Vital y Móvil asciende a $352.400. Si aplicamos el cálculo que surge de la afirmación del intendente, el famoso “150% por encima” ubicaría el salario municipal en torno a $528.600.

Ahora bien: según los indicadores oficiales, una familia tipo necesita $1.440.146,17 mensuales para no caer por debajo de la línea de pobreza.

La comparación es bastante menos épica que el aplauso que generó la frase. Ese salario —presentado como un logro de gestión— representa apenas el 36,7% del ingreso necesario para no ser pobre. Dicho de otra manera: queda un 63% por debajo de lo que hoy se considera el mínimo para vivir con dignidad.

Una frase presentada como dato técnico puede instalarse como verdad sin que nadie tenga la oportunidad de verificarla.

Como si ese cálculo no fuera suficiente, el intendente avanzó con otra afirmación que merece una pausa adicional. Según sus propias palabras, “los sueldos municipales en Pringles se encuentran entre el 15% de los más altos de la provincia. Y es un dato chequeado, eh”. La frase, más que aclarar, abre varios interrogantes.

Primero por su propia construcción. Hablar del “15% de los más altos” implica necesariamente la existencia de un ranking o de una base comparativa entre los 135 municipios de la provincia. Un dato de ese tipo requeriría, como mínimo, estadísticas públicas, relevamientos oficiales o informes comparativos accesibles. El problema es bastante simple: esos datos no existen en ningún sitio público.

No aparecen en informes oficiales de la provincia, no figuran en estadísticas laborales disponibles y tampoco en estudios periodísticos que comparen de manera sistemática los salarios municipales bonaerenses. En otras palabras, no hay registro verificable de ese supuesto ranking que el intendente asegura tener “chequeado”. Sería bueno que la siempre atenta Prensa Municipal, o alguno de sus medios económicamente amigos, publique ese detallado "chequeo" para comprobar que no sea otro "dibujo" de los que ya conocemos.

Lo que sí parece claro es otra cosa: al lanzar una frase de ese tipo en el marco de un discurso institucional —donde no hay preguntas ni posibilidad de réplica— se corre con ventaja. La afirmación queda flotando en el aire, revestida de una apariencia técnica que pocos se detendrán a examinar.

La referencia posterior a los sindicatos municipales también dejó algunas señales interesantes. Hubo, en tono apenas disimulado, una sugerencia de cierto egoísmo en los reclamos salariales que los gremios vienen sosteniendo desde hace tiempo. Al mismo tiempo, el intendente mencionó como ejemplo de cooperación la construcción del barrio municipal junto a la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), una obra que —según señalan los propios trabajadores— lleva ya varios meses sin avances visibles.

Lo que no apareció en ningún momento del discurso fue una referencia clara a las negociaciones paritarias, que se supone continúan abiertas y que deberían ser el ámbito natural para discutir la evolución de los salarios municipales.

Con todo esto sobre la mesa, la pregunta vuelve a aparecer inevitablemente:

¿Hasta cuándo los sindicatos municipales estarán dispuestos a soportar este tipo de diagnósticos públicos sobre su situación salarial sin responder con mayor firmeza?



Capítulo IV: El problema del disenso

Hubo también una frase en el discurso que, más allá de los números o de la gestión, dejó entrever con bastante claridad el clima político que atraviesa hoy buena parte del debate público.

En un momento de su exposición, el intendente decidió cuestionar a quienes —según sus palabras— se arrogan la representación de ciertos reclamos populares pese a haber obtenido apenas entre un tres y un cinco por ciento de los votos en las elecciones. La observación no es nueva. De hecho, la lógica de ese argumento viene repitiéndose con frecuencia en el escenario político nacional. El propio Javier Milei la utilizó recientemente en el Congreso para descalificar a sectores de la oposición, particularmente a la izquierda, a quienes suele referirse con el ya conocido calificativo de “zurdos”.

El razonamiento parece simple: si un espacio político obtiene pocos votos, su legitimidad para cuestionar o debatir decisiones del poder debería ser proporcionalmente menor. El problema es que ese criterio, llevado al extremo, termina chocando con un principio bastante básico del sistema democrático: la representación institucional no es el único canal de expresión política en una sociedad.

Las organizaciones sociales, los sindicatos, las minorías políticas o incluso los ciudadanos sin representación parlamentaria también forman parte del debate público. Reducir la legitimidad del reclamo únicamente al porcentaje electoral obtenido puede ser una forma rápida de desacreditar una crítica, pero difícilmente contribuya a enriquecer el debate.
En ese punto, el discurso del intendente pareció alinearse con una tendencia cada vez más extendida: deslegitimar al interlocutor antes que discutir el contenido de lo que plantea.Una estrategia eficaz para cerrar discusiones incómodas, aunque no necesariamente la más saludable para una democracia que, en teoría, debería poder convivir con el disenso.



Epílogo: La política del relato

Los discursos de apertura de sesiones no son sólo balances administrativos. Son, también, narraciones sobre el poder.

En ellos se ordenan datos, se seleccionan comparaciones y se enfatizan ciertos logros para construir una versión coherente de la gestión.

Nada de eso implica necesariamente mentir.

Pero sí puede implicar algo bastante más sutil: acomodar la realidad para que encaje mejor en el relato político que se quiere contar.

Por eso, más que escuchar esos discursos como simples informes de gobierno, conviene leerlos con atención.

No sólo por lo que dicen.
También por lo que cuidadosamente eligen dejar afuera.